Historia

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Este primer capítulo trata acerca de la estructura judicial española en la época del proyecto colombino que dominó durante la Baja Edad Media. La influencia popular en la administración de justicia había disminuido, y la tendencia centra lista y estatal se imponía tanto en Castilla-León como en Aragón; con una justicia compuesta por jueces profesionales, letrados, que la impartían en nombre de sus reyes.
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En este segundo capítulo se detalla la primera colonia española del Nuevo Mundo, la administración y delegación de justicia por los Reyes Católicos al almirante Cristóbal Colón Fontanarossa, la cual devino en las “Capitulaciones de Santa Fe”, del 17 de abril de 1492, suscritas por los Reyes Fernando V de Aragón e Isabel I de Castilla en Santa Fe de La Vega de Granada, campamento militar desde el cual se tomó posesión del último reducto moro en la península Ibérica.
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En este apartado se reseña la Real Provisión dictada en Medina del Campo el 22 de junio de 1497, por la cual se concedió indulto a los que hubieren cometido delitos de cualquier clase excepto de herejía, lesa majestad, traición, falsa moneda o sodomía, entre otros, con tal que fueran a servir a la Isla Española, o a las otras islas y tierra firme, por todo el tiempo que el Almirante ordene cumplir al servicio de los Reyes Católicos.
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En esta unidad se narra cómo surgieron los primeros jueces y la organización judicial en La Española. La Justicia Colonial en estos primeros tiempos estuvo compuesta por el Gobernador, quien reunía la función de juez, los alcaldes, los alguaciles, escribanos y abogados (letrados o procuradores).
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Refiere la etapa de la segunda mitad del siglo de las luces, la forma en que la etapa de renacimiento para la colonia española de Santo Domingo, y la reforma de la monarquía borbónica produjeron algunas manifestaciones de rebelión o protesta del cuerpo armado a causa de apremios económicos, así como de la sobrevivencia de los Archivos Reales de Bayaguana, Higüey, Monte Plata y El Seíbo, a causa de dichas manifestaciones.
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En este capítulo se detalla el período inestable que soportó la justicia dominicana en los años 1800-1821, los acontecimientos que impulsaron a los criollos a rebelarse contra la ocupación francesa, y con ayuda de tropas inglesas que luchaban también contra Napoleón, expulsaron las tropas francesas de la antigua parte española de la Isla. Había diferencias entre los criollos sobre cuál sería el curso a tomar tras la retirada de las tropas francesas.
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En este apartado se relata el término del sistema colonial que rigió por más de trescientos años, comenzando el que aún rige en la República Dominica el derecho francés, el cual se produjo durante los 22 años de la ocupación de Santo Domingo. El periodo durante el cual el sistema político surgido de la Revolución Francesa llegó, y en el cual las nuevas leyes básicas, la de los códigos napoleónicos, empezaron a regir en lo que devino a ser años después la República Dominicana.
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En este capítulo se describe la historia del Poder Judicial dominicano, su inclusión en la primera constitución elaborada luego de proclamarse la República Dominicana, “la Constitución de San Cristóbal”, en la que los dominicanos tuvieron la oportunidad de decidir acerca de cuál rumbo debería seguir el país en materia judicial.
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En este capítulo se relata el proceso de la anexión a España de la República en armas (1861-1865), y el origen del Real Decreto, el cual se dictó en Aranjuez, el 19 de mayo de 1861, en el que se proclamaba la Anexión o Reincorporación de la República Dominicana como Provincia de Santo Domingo al Reino de España, y final mente la derogación de este último Decreto el 3 de mayo de 1865.
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En este apartado se presenta la manera en que la inestabilidad institucional y política que se vivió durante el periodo de la Segunda República, afectó al Poder Judicial, debido que durante ese período se dictaron cuatro diferentes Leyes de Organización Judicial, Se destaca que a partir del año 1880, se estableció el Boletín Judicial, como órgano de la Suprema Corte de Justicia, de publicación quincenal, y donde se debían publicar las sentencias de ese alto tribunal.
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En este capítulo se reseñan los cambios constitucionales y legales que en materia judicial soportó nuestro país, destacándose la Constitución proclamada en 1908, que se mantuvo en vigor hasta la Intervención Militar Norteamericana de 1916, la cual trajo importantes innovaciones al Poder Judicial dominicano.
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En este capítulo se hace referencia a la justicia dominicana durante el período de la intervención norteamericana, siendo un oficial norteamericano el que decidía si un hecho punible sería juzgado por militares de ese país en una corte militar al amparo de las leyes marciales norteamericanas o si el acusado pasaba a los tribunales ordinarios dominicanos para su juicio bajo los procedimientos de las leyes nacionales.
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Aquí se relatan los acontecimientos que sucedieron luego de la desocupación militar norteamericana, producto del llamado Plan Hughes-Peynado de 1922, el cual implicó un proceso escalonado para lograr la plena soberanía. Luego en los años 1924-1930, la justicia dominicana debido a las reformas constitucionales que se realizaron se distinguió por una relativa estabilidad institucional, lo que se reflejó en la independencia del Poder Judicial.
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Este penúltimo apartado resume las etapas que vivió el Poder Judicial, desde el 16 de mayo de 1930 hasta el 30 de mayo de 1961, denominada Era de Trujillo, destacando que la justicia dominicana fue una justicia atrapada, obediente a los dictados del gobernante e identificada con el régimen. Las leyes eran redactadas y aprobadas siempre con el mayor esmero en las formas y el fondo. Relacionadas generalmente con necesidades del régimen o caprichos del Dictador.
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Finalmente, se reseña la justicia dominicana en el proceso de destrujillización del país, las disposiciones contenidas en las constituciones de los años 1963 y 1966, relativas al Poder Judicial, destacándose la creación de nuevas cortes de apelación, nuevas cámaras civiles y penales el aumento del número de jueces en las mismas y nuevas leyes que realizaron modificaciones a las excepciones del procedimiento civil, al desarrollo de los debates, al defecto y entre otras cosas establecieron un nuevo recurso, la Impugnación, que además llevó el nombre francés de “Le Contredit”.
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