Comité de Comportamiento Ético

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Consulta realizada por la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, sobre comentarios de Jueces y Juezas en las redes sociales del Proceso Electoral que vive el país.

El Comité de Comportamiento Ético, opina:​

 

En cuanto a los derechos políticos de los jueces y sus límites.

 

La Constitución Dominicana dentro de los derechos de la ciudadanía establece en su artículo 22.1 el derecho político de elegir y ser elegido para los cargos previstos por la propia Constitución. Por su parte, el artículo 75.2 establece dentro de los deberes fundamentales de las personas, “Votar, siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo”. Asimismo, el artículo 208, al referirse al ejercicio del sufragio, indica que este es un derecho y un deber de la ciudadanía para elegir a las autoridades de gobierno.

 

Este derecho ha sido reconocido por instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), que establece en su artículo 23. “Derechos Políticos:

 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores[…]”.

 

Respecto al activismo político de los jueces, la Constitución Dominicana, en su artículo 151, al referirse a la independencia y la imparcialidad de los jueces integrantes del Poder Judicial, dispone en el ordinal primero, que “Sus integrantes no podrán optar por ningún cargo electivo público, ni participar en actividad político partidista”.

Sobre ese postulado, la Ley núm. 327-98 de Carrera Judicial prevé en el artículo 45, la incompatibilidad de las funciones de los jueces y pertenecer a partidos o asociaciones políticas; y, en este sentido, en el artículo 65.8 establece como falta disciplinaria susceptible de suspensión de hasta 30 días, la realización de actividades partidistas, así como solicitar o recibir dinero y otros bienes para fines políticos, en los lugares de trabajo, por parte de los jueces.

 

En ese mismo orden, la Ley núm. 41-08 de Función Pública, cuyos artículos 4, 80.13, 14, 83.9 impactan al Poder Judicial, dispone como prohibición a los servidores públicos y califica como faltas disciplinarias, “Servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución; Requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidistas, sea en su provecho o en provecho de terceros;[…]”.

Por su parte, la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en el artículo 5 prohíbe la afiliación a un partido, agrupación o movimiento político, a varios colectivos que pertenecen al sector público, dentro de los cuales se encuentran los jueces del Poder Judicial.

 

En lo atinente al tema ético, el numeral 9 relativo a las prohibiciones generales del Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial contempla que los jueces no pueden “Realizar actividades partidistas, o participar en actividades de grupos de presión social, así como solicitar o recibir dinero y otros bienes para fines políticos”.

En ese mismo orden, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, en su artículo 4, dispone que: “La independencia judicial implica que al juez le está éticamente vedado participar de cualquier manera en actividad política partidaria”.

Desde la óptica de la ética judicial, se reconoce que los jueces, como integrantes de la sociedad y ciudadanos que son, pueden tener ideologías políticas y afinidades partidarias; y, a la vez, se entiende que ellos pueden ejercer sus derechos políticos como cualquier ciudadano. Sin embargo, para preservar la confianza pública en su independencia e imparcialidad, en el ámbito ético, algunos aspectos de su vida privada deben autolimitarse, tal como sería la participación en actividades políticas-partidarias y la expresión pública de opiniones o actuaciones que dejen traslucir una afinidad política partidaria que pueda comprometer su imparcialidad.

 

Este ha sido el criterio del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas, el cual, en el punto 66 del reciente Informe sobre Independencia de los Magistrados, ha señalado que: “(…) En su calidad de ciudadanos, los jueces y fiscales pueden ejercer sus derechos políticos en pie de igualdad con los demás ciudadanos. No obstante, a fin de mantener la confianza de la opinión pública en el sistema judicial, se acepta en general que los jueces deben actuar con moderación en el ejercicio de la actividad política pública […] es necesario que los jueces y fiscales se abstengan de toda actividad política que pueda comprometer su independencia o poner en peligro la apariencia de imparcialidad” .

 

Además, en relación con la participación de jueces y fiscales en las redes sociales, en el referido informe se recalca la importancia de que estos velen “por qué la expresión de sus opiniones y convicciones personales no afecte negativamente a sus funciones oficiales, no repercuta negativamente en su condición de funcionarios públicos ni ponga en tela de juicio su imparcialidad o sus obligaciones de lealtad y de responsabilidad con respecto a su cargo” . Razón por la cual, “Se recomienda prudencia a los jueces cuando lleven a cabo cualquier comunicación electrónica, incluidas las comunicaciones mediante mensajes de texto o correo electrónico, o cuando participen en sitios de redes sociales en línea o publiquen material en Internet, habida cuenta de la accesibilidad, la transmisión generalizada y la permanencia de las comunicaciones electrónicas y el material que se difunde en la red. Los mismos principios que rigen la capacidad de un juez para socializar en persona, en papel o por teléfono deben aplicarse a las comunicaciones electrónicas, incluido el uso de Internet y de los sitios de las redes sociales” .

Asimismo, la jurisprudencia internacional entiende que “a la ética judicial no sólo le interesa que el juez sea imparcial (en cuanto tenga la capacidad de impedir que sus ideologías y afinidades políticas-partidarias interfieran en sus decisiones), sino que también que el juez se muestre como tal; es decir que el juez además de ser imparcial debe parecerlo y para esto necesariamente su libertad de expresión política-partidaria debe limitarse mediante las incompatibilidades señaladas. La confianza en la justicia solo se genera con comportamientos ejemplares por parte de quienes la administran, por ello desde el CEJ se promueve que los jueces eviten conductas que puedan poner en tela de juicio, ante los ojos de un observador razonable, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial” .

 

Por su parte, uno de los representantes de la doctrina más destacada de la región en materia de ética judicial considera que “los derechos políticos de los jueces no se encuentran anulados, sino en rigor, ellos están disminuidos en función de que tiene que haber una reserva de la exteriorización de sus preferencias políticas y por supuesto una expresa prohibición de todo tipo de publicidad de la ideología o militancia partidaria”.

 

Vistos los textos legales precedentemente descritos, el criterio de la jurisprudencia y la doctrina, el Comité de Comportamiento Ético hace la siguiente Recomendación:

 

Primero: Se recomienda a los jueces y juezas ser extremadamente prudentes en las actividades extrajudiciales que realizan, las cuales no deben ser demostrativas de sus preferencias políticas y/o partidarias para que su accionar no se interprete como apoyo a un determinado partido político, a fin de no comprometer la dignidad de su cargo, su imparcialidad e independencia y la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.

Segundo:Asimismo, se recomienda a los jueces y juezas ser muy cautelosos cuando lleven a cabo cualquier comunicación electrónica, incluidas las realizadas mediante mensajes de texto o correo electrónico, o cuando participen en sitios de redes sociales en línea o publiquen material en Internet, ya sea en grupos, chats, entre otros, sobre temas de índole político o cualquier otro que afecte la imagen del Poder Judicial.

 

Tercero: Se instruye a la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, comunicar las recomendaciones del Comité de Comportamiento Ético a todos los jueces y juezas del Poder Judicial.

¿Puede ser un Juez o Jueza fiador/a de un crédito educativo de un familiar?

El Comité de Comportamiento Ético, opina:​

 

Como regla general, no puede concluirse que esté prohibido a jueces fungir como fiadores de créditos, pues lo que indica el Código de Comportamiento Ético en la Prohibición núm. 6 es que a los jueces y servidores administrativos judiciales se les está prohibido “Exceder su capacidad de solvencia económica demostrada, pues ello promueve la sospecha y atenta contra la credibilidad de la justicia”.

 

Nuestra recomendación es actuar con la debida Prudencia, en el sentido de tomar en cuenta que el monto de ese préstamo y sus cuotas, (el cual podría serle exigible por el acreedor en caso de incumplimiento de o la deudora principal), no exceda su capacidad de solvencia económica demostrada, ya que eso podría atentar la credibilidad y transparencia de la justicia.

¿Existe compatibilidad entre la función de Juez y las funciones de presidente o miembro de un Comité Electoral de un Club Social y/o Asociación Recreativa?

El Comité de Comportamiento Ético, opina:​

El artículo 151.1 de la Constitución de la República Dominicana establece que: “el servicio en el Poder Judicial es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente”.

Por su parte, el artículo 4 de la Ley 821, del 21 de noviembre de 1927, de Organización Judicial establece que: “las funciones judiciales son incompatibles con el ejercicio de cualquier otra función o empleo público, asalariado o no; con excepción del profesorado…”.

De igual manera, la jurisprudencia internacional respecto a las incompatibilidades funcionales ha considerado que “en principio y según lo define claramente el texto constitucional, las únicas actividades que resultan compatibles con la función judicial son las referidas a la actividad académica de la docencia universitaria o en algún otro nivel y también la investigación científica.

Finalmente, es oportuno subrayar que las actividades en las que debe participar una posición como la que ostentaría en este proceso, provocarían en algún momento un estado de distracción o ausencia, de las funciones propias de su cargo como Juez de un Tribunal, sin dejar de lado otras consecuencias que pudieran desencadenar este tipo de proceso electoral, que puede convertirse en litigioso y llegar a los tribunales, por lo que dicha función como miembro del Comité Electoral, puede colidir con los Principios Éticos que nos rigen, tal como la Prudencia.

Por todas estas razones, este Comité es de opinión que la función de Juez y la función de miembro de un Comité Electoral, no son compatibles a la luz de la Constitución Dominicana, las Leyes y el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial.

Opinión al Comité sobre apertura de cuentas bancarias a nombre del juez, provenientes de bienes pertenecientes a familiares del juez que solicita la opinión.

El Comité de Comportamiento Ético, opina:​

El Comité entiende que no es aconsejable realizar esta operación bancaria, pues debe justificar ese depósito ante la Cámara de Cuentas, al momento de realizar su declaración jurada.

¿Puedo formar parte de la Asociación Internacional de Jueces en Derecho de Refugio y Migración (AIJRM)?

El Comité de Comportamiento Ético, opina:​

 

El Comité reflexionó sobre el derecho que tiene un Juez de asociarse con fines lícitos, el cual se encuentra establecido en el artículo 47 de la Constitución. En este caso, es una asociación internacional sobre el derecho de los refugiados y de los migrantes. Además, el hecho de asociarse no es contrario a los principios del Código de Comportamiento Ético. Por tal motivo, este Comité opina que el derecho de asociación no es contrario a las disposiciones del Código de Comportamiento Ético ni a las normas de la ley de carrera.

Solicitud de opinión sobre el obsequio hecho por una empresa a un juez de boletas para acceder a un concierto a celebrarse a un teatro público.

El Comité de Comportamiento Ético, opina:​

 

Al respecto, el Comité se remite a lo que establecen los siguientes textos:

 

El Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial prohíbe a los jueces “recibir regalos, presentes, donaciones o beneficios…. (Prohibición Núm. 21)”. Por su parte, la Ley Núm. 327-98 sobre Carrera Judicial, en su artículo 44 incisos 5 y 8 establece la prohibición a los jueces de aceptar o recibir gratificaciones, dadivas, obsequios, beneficios como compensación a su investidura.

 

De igual manera, esta prohibición se ratifica en el artículo 149 numeral 3 del Reglamento de la Carrera Judicial, de fecha 1 de noviembre del 2000. La misma prohibición se les impone a los servidores administrativos en el artículo 68 numeral 23 del Reglamento de Carrera Administrativa Judicial, contenido en la Resolución Núm. 22/2018 que derogó la Núm. 3471/2008.

 

Esta prohibición también la prevé la Ley Núm. 41-08 de Función Pública en su artículo 80 numeral 1, misma que se extiende a los jueces.

Solicitud de opinión sobre el nivel de compatibilidad de las funciones de director de una facultad de derecho con la función de juez.

El Comité de Comportamiento Ético, opina:​

 

Después de haber analizado el caso, el Comité ha considerado lo siguiente:

 

Para medir el nivel de compatibilidad entre la función de Juez y las funciones de director o decano de una universidad, es importante definir el alcance de estas funciones administrativas y remunerativas respecto a la docencia.

 

Esta reflexión nos obliga a recurrir al texto constitucional y a los textos legales que se refieren al tema en cuestión.

 

El artículo 151.1 de la Constitución de la República Dominicana establece que: “el servicio en el Poder Judicial es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente”.

 

De igual manera, el artículo 4 de la Ley 821, del 21 de noviembre de 1927, de Organización Judicial establece que: “las funciones judiciales son incompatibles con el ejercicio de cualquier otra función o empleo público, asalariado o no; con excepción del profesorado…”.

 

Partiendo del texto constitucional y del texto legal anteriormente referidos, se hace necesario definir la función docente, el profesorado y la función de directivo de una academia, universidad o instituto y así determinar el caso que nos ocupa.

 

Docencia, según el Diccionario de la Lengua Española, significa: “práctica y ejercicio del docente” ; siendo docente “(del lat. docens, -entis, part. actact. de docere, enseñar)”, aquel “que enseña” o aquello “perteneciente o relativo a la enseñanza” .

 

De su lado, profesor “(del lat. professor, -oris)” se define como la “persona que ejerce o enseña una ciencia o arte” y profesorado como “cargo de profesor” o “cuerpo de profesores” .

En cambio, las actividades que se realizan dentro de la gestión directiva de una facultad universitaria, instituto, escuela o departamento, no son asimilables a la función docente, sino que constituyen funciones directivas y ejecutivas de tal institución académica. Por las mismas se recibe una retribución económica, que no armoniza con horas de clases brindadas, sino por otro conjunto de labores que dichas funciones directivas conllevan; es lo que la reglamentación del Sistema de Educación Superior, Ciencia y Tecnología dominicano denomina “responsables de la gestión académico-administrativa: rectores, vicerrectores, decanos, directores de institutos, de escuelas, de programas académicos y de investigación de las instituciones de educación superior […]” .

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es razonable concluir que la función de docente y de directivo, decano u otra función análoga, tienen una connotación diferente; y, por lo tanto, el texto constitucional solo soporta la docencia como única función compatible con la función de juez, no así la de ser directivo o decano, que constituyen actividades administrativas y no docentes.

 

Así lo considera uno de los más prominentes tratadistas sobre el tema ético, al señalar: “que la existencia de una compatibilidad entre el ejercicio de la docencia con la judicatura, tiene entidad constitucional (art. 151 inc. 1) y por ello, no podría ser excluida como posibilidad en tanto y cuanto ella misma, no interfiera sobre la obligación principal que al magistrado le corresponde y que se vincula con el ejercicio de la función judicial” .

En relación con las funciones no docentes y sí directivas del establecimiento académico de que se trate, afirma el mencionado profesor que esta función directiva “se vincula –entre otras cosas- con la función docente que cumplen los demás Profesores y que quien es Directivo debe cuidar que se ejercite debidamente. Y por ello, es que nace una natural y obvia incompatibilidad. Sostener lo contrario, no podría superar el test del observador razonable (art. 8 inc. ‘a’ del Código de Comportamiento Ético) puesto que, el mencionado juez-decano, tiene que tomar un conjunto de definiciones que exceden el hecho de dar clases, sino que tiene que resolver problemas que la misma gestión y dinámica que una Facultad posee, por caso, y un ejercicio temporal que es de dificultoso entramado saber de cuánto tiempo es; puesto que no son horas previstas de clase sino agendas imprevistas. Por todo ello, a un Decano, se le hace un pago salarial que mucho o poco intenta atender esas variables”.

 

De igual manera, la jurisprudencia internacional respecto a las incompatibilidades funcionales ha considerado que “en principio y según lo define claramente el texto constitucional, las únicas actividades que resultan compatibles con la función judicial son las referidas a la actividad académica de la docencia universitaria o en algún otro nivel y también la investigación científica .

En cuanto a la compatibilidad de la función judicial con la de coordinación de un centro académico, el Tribunal de Ética Judicial argentino también se ha pronunciado, respecto a la consulta hecha por el fiscal de instrucción, quien en virtud de la regla 6.4 del Código de Ética Judicial pone en conocimiento que “en su actividad docente llevada a cabo en un establecimiento de una localidad en la que se dicta la carrera Técnico Superior en Ciencias Jurídicas -dependientes de un Instituto de otra ciudad- se le ha ofrecido desempeñar la tarea de Coordinador Académico”.

 

En este caso, el cual es similar a la función del juez, el Tribunal de Ética Judicial resolvió informar al Fiscal de Instrucción con competencia múltiple, en respuesta a la consulta formulada, “que éticamente no resulta aconsejable actuar como Coordinador Académico, en razón de que el mencionado cargo excede la compatibilidad con las exigencias propias de la función judicial y su ejercicio no resulta viable con la actuación que le corresponde dentro de la Administración de Justicia (Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, regla 3. 9, último párrafo)” .

 

Finalmente, es oportuno subrayar que estas labores administrativas que conlleva la función directiva crearían “un estado de distracción que naturalmente es mayor al que se prevé, cuando sólo se imparte clases” . Y, en ese sentido, cobra vigencia la prohibición número 24 prevista en el Código de Comportamiento Ético, al señalar que se prohíbe a los jueces “participar como docente en universidades dentro de los horarios regulares de servicio, aun cuando se trate de un servicio no pago, salvo el caso de una actividad de la Escuela Nacional de la Judicatura”.

 

Por todas estas razones, este Comité es de opinión de que la función de Juez y la función de directivo de una institución académica no son compatibles a la luz de la Constitución Dominicana, las leyes y el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial.

 

En ese sentido, se instruye a la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, comunicar la opinión del Comité a la referida Magistrada, respecto a su consulta.