La Dirección de Justicia Inclusiva del Poder Judicial, junto a la Escuela Nacional de la Judicatura, celebraron ayer el webinar: “Buenas Prácticas y Desafíos en la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, en conmemoración del 32 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño a cumplirse el próximo 20 de noviembre, donde socializaron sobre las diversas acciones que propician el correcto acceso a la justicia de las personas menores de edad.
Durante el encuentro, el magistrado Juan Aníbal Rodríguez, juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago y juez coordinador de dicho Departamento, destacó las distintas acciones que el Poder Judicial ha implementado con el propósito de facilitar el acceso a la justicia de este grupo vulnerable. Además, indicó la necesidad de garantizar espacios pacíficos y de acceso a la justicia a los niños, niñas y adolescentes dominicanos para así lograr su correcto desarrollo y crecimiento.
La licenciada Rosa Iris Linares, directora de Justicia Inclusiva del Poder Judicial, manifestó durante su participación la importancia de garantizar en la actualidad los derechos de niños, niñas y adolescentes para tener en el futuro una sociedad de hombres y mujeres seguros de sí mismos y multiplicadores de garantías y derechos de las personas. También expresó que la convención es un compromiso de Estado, el cual es reafirmado por el Poder Judicial.
La actividad contó con la participación de la magistrada Luisa Ramírez, procuradora fiscal de la Fiscalía de Santo Domingo Este, quien presentó las buenas prácticas del Ministerio Público en la protección de niños, niñas y adolescentes y la doctora Tahira Vargas, Antropóloga Social, quien presentó un estudio realizado en distintas provincias del país sobre la crianza de los hijos, en el cual se evidenció que los niños, niñas y adolescentes consultados reconocen la violencia física y el castigo como necesarios para una buena crianza.
El Poder Judicial cuenta con Centros de Entrevistas Forenses para la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos de delitos para evitar su revictimización.
