En el transcurso de este mes de agosto, se estarán llevando otras capacitaciones a profesionales del Derecho de los departamentos judiciales de Montecristi y Nagua.
El Poder Judicial anunció que alrededor de 801 abogados y abogadas se capacitaron en el programa de formación y habilitación tecnológica “Yo me apunto a la virtualidad” a nivel nacional, que tiene como propósito constituir un sistema de justicia accesible, inclusivo y garante de la dignidad y los derechos de las personas.
El Programa “Yo me apunto a la virtualidad”, surgió con el objetivo de crear las capacidades para el manejo de plataformas de los profesionales del derecho que tienen limitaciones en el uso y acceso a herramientas informáticas.
El programa busca asegurar la continuidad del servicio de justicia en medio de la pandemia, previendo la menor exposición posible entre servidores judiciales y usuarios del servicio.
Estas diversas formas de acceso a la justicia, tanto a lo presencial como a lo virtual, trajo cambios importantes en la cotidianidad laboral de los servidores judiciales a todos los niveles de asistencia.
Se requiere que estas transformaciones se constituyan no en una barrera, sino en un ente catalizador para garantizar el acceso a todas las personas al servicio de justicia.
Este objetivo está alineado con los ejes 1 y 2 del Plan Estratégico Institucional “Visión Justicia 20|24”, relativos a una “Justicia para todas y todos”, y de “Servicio judicial oportuno y eficiente”.
En el transcurso de este mes de agosto, se estarán llevando otras capacitaciones a profesionales del Derecho de los departamentos judiciales de Montecristi y Nagua.
La capacitación es gracias a una alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), varios de los centros universitarios que imparten la carrera de Derecho, como son la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad APEC, Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) y la Universidad Católica del Cibao (UCATECI), y las empresas Claro y el Centro Especializado de Computadoras (CECOMSA), quienes garantizan la parte de conectividad y acceso a equipos tecnológicos.
