El exmagistrado dominicano Ramón Horacio González Pérez fue reconocido en la Asamblea Plenaria por su ejercicio independiente, pulcro inmaculado, honesto y responsable en el desempeño de sus funciones judiciales
El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Luis Henry Molina Peña, encabezó la comisión dominicana que participó en la Asamblea Plenaria de la XX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) que se celebró el jueves 21 y viernes 22 de octubre en la ciudad de Panamá.
La comisión también estuvo integrada por los jueces de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Justiniano Montero Montero y magistrada María Garabito; el consejero Modesto Martínez y Melisa Bretón Castillo, directora general técnica del Poder Judicial.
Bajo el eje temático “La sostenibilidad de la paz social: retos de la administración de justicia en Iberoamérica frente a las nuevas exigencias del milenio”, se inició la Asamblea Plenaria de la XX edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en la que participaron las presidentas y presidentes, coordinadores nacionales y representantes de las Cortes y Tribunales Supremos o Superiores de Justicia y de los Consejos de la Judicatura o Magistraturas de los 23 países que la conforman.
En el marco de la cumbre, Molina Peña conjuntamente con la comisión del Poder Judicial, se reunió con varios de sus homólogos: el magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia; la ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Brasil y el Embajador Alfredo Leoni, Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales del Tribunal Superior de Justicia de Brasil.
Durante la Asamblea Plenaria se realizó la relatoría de productos de los Grupos de Trabajo de la XX Edición de la Cumbre por parte de las Secretarías Permanente y Pro Témpore.
Estos fueron: Protocolo Iberoamericano sobre Independencia y Responsabilidad Judicial; Asignación presupuestaria constitucionalmente garantizada y suficiente; Bases para el establecimiento de un Código de Protección Social del Juez y de la Jueza; Estatuto de la Red Iberoamericana de Integridad Judicial; Buenas Prácticas para el desarrollo e implementación de soluciones de informática para apoyar los procesos de toma de decisiones y mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de las organizaciones en el sector justicia.
