La magistrada Nancy I. Salcedo Fernández sostuvo que se contempla potencializar el uso no excluyente ni discriminatorio del lenguaje, además de promover la adecuación arquitectónica de los espacios para mejorar el acceso a las sedes judiciales.
El Poder Judicial cuenta con una política de igualdad para las personas con discapacidad, y en ese sentido se elaboran estrategias de sensibilización para los servidores judiciales, a fin de lograr un cambio de mentalidad.
La magistrada Nancy Salcedo Fernández, jueza de la Suprema Corte de Justicia, aboga por la inclusión de más personas vulnerables en los puestos de trabajo y por una efectiva flexibilidad en las condiciones laborales.
Al participar en el conversatorio virtual “Una mirada al Código Civil Dominicano desde la perspectiva de las personas con discapacidad”, celebrado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la magistrada Salcedo, adelantó que, conforme al Plan Visión Justicia 20/24, el Poder Judicial tiene pendiente de aprobación la Guía del Trato Digno, que impacta la política de discapacidad.
Esta Guía tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas de acción a favor de personas en condición de discapacidad, que vinculen a los integrantes del Poder Judicial en su relación con los usuarios del sistema de justicia y su acceso a la misma, para lo cual se debe eliminar cualquier obstáculo.
Indicó que los jueces y juezas sensibilizados sobre el tema, tendrán en cuenta los trámites, comparecencias y necesidades de adaptación para que la participación en los procesos de esas personas especiales se desarrolle en igualdad de condiciones.
La magistrada Nancy Salcedo Fernández, afirmó también que se implementarán medidas de sensibilización y formación para la inclusión de las personas con discapacidad en la administración de justicia, procedimiento que estará acompañado de adaptación en instalaciones, mobiliarios, intérpretes judiciales en lenguajes de señas, entre otras necesidades.
Explicó que el Poder Judicial ha asumido una serie de iniciativas que buscan garantizar la tutela judicial efectiva de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, teniendo como marco la Constitución dominicana.
“Según el censo sociodemográfico realizado por el Poder Judicial, en septiembre del año 2020, de un total de 7,512 colaboradores en la actualidad, el 2% de la empleomanía del Poder Judicial padece de alguna discapacidad, siendo el 60% de este total, mujeres”, enfatizó la Magistrada.
Dentro de los programas de capacitación sobre los derechos de las personas con discapacidad y la adaptación de los procesos judiciales, se ha utilizado en la Escuela Nacional de la Judicatura el sistema braille para las personas con discapacidad visual.
Además, de acuerdo con lo expuesto, el Poder Judicial ha tenido avances significativos en materia de discapacidad, sin embargo, reconocemos que tenemos tareas pendientes para lograr la efectividad plena de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en la República Dominicana, concluyó la magistrada Nancy I. Salcedo.
Las iniciativas en materia de discapacidad forman parte del primer eje del Plan Estratégico Visión Justicia 20-24, específicamente “Justicia para todas y todos”, el cual impulsa la aceleración de la transformación del servicio de la administración de justicia para el beneficio de todas las personas. Este eje trata de reconocer que existen poblaciones con mayores dificultades que otras, para acceder al servicio de justicia y por tanto, se hace necesario adecuar el servicio con el fin de eliminar estas barreras.
