“El gran reto de la justicia latinoamericana y española, una vez que hemos adquirido un sistema de garantías, es ofrecer credibilidad a los ciudadanos”, afirmó el magistrado del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena.
El magistrado hizo sus planteamientos durante la conferencia “Los desafíos en los sistemas de justicia de Iberoamérica”, en la que ponderó el paso de un sistema acusador inquisitivo a uno de garantías, en el cual los procedimientos han ido avanzando para defender los derechos del ciudadano.
El jurista identificó los elementos que pueden influir en que se pierda la credibilidad en el proceso penal, entre estos citó razones discursivas y otras de ineficiencia en el procedimiento, la indebida aplicación de las resoluciones o decisiones penales, aparte de la politización de la justicia en la medida que pueda existir y la corrupción.
Asimismo, Llarena explicó que el prejuicio de la justicia penal procede en primer lugar de lo que transmiten las personas que sí han tenido contacto con la justicia; en segundo lugar, de la opinión que extraigan de los medios de comunicación y en tercer lugar de la opinión de abogados y juristas.
“Pero eso se percibe, a veces de forma equivocada por la ciudadanía, que tiene la sensación de que a fuerza de oírnos hablar a nosotros solo de la garantía de los inculpados, terminan por pensar que se ha producido un desplazamiento como una tapa tectónica de los derechos, y que han pasado los derechos de las víctimas hacia los delincuentes”, consideró el magistrado.
El jurista Pablo Llarena recomendó a los órganos jurisdiccionales de los países iberoamericanos contar con un experto en comunicación que pueda expresar de forma clara a la ciudadanía en qué consiste la labor jurisdiccional.
Durante su ponencia explicó que la sociedad busca noticias en la fuente de justicia, asignando cada medio de comunicación su propio reportero de tribunales y de no encontrarla en el sistema de Justicia, acuden a las partes procesales, quienes a su vez no les ofrecen informaciones fidedignas sino sesgadas.
Asimismo, exhortó centralizar la información de los juzgados o de los órganos jurisdiccionales “y dar la información de los asuntos que suscitan interés, explicando cuáles han sido los elementos jurídicos analizados para adoptar esa esa decisión”, durante su participación en la Sexta edición de la Conferencia del Poder Judicial 2024.
Pablo Llarena se licenció en Derecho en la Universidad de Valladolid, colegio universitario de Burgos, y ejerció como abogado de 1986 a 1988. Es docente universitario. Fue designado magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 28 de enero de 2016 por el Consejo General del Poder Judicial español.
