El Juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, aseguró que «el espacio digital es el nuevo territorio de la justicia», con el objetivo de que los ciudadanos puedan interactuar con los tribunales en línea, modernizando así el sistema judicial del país.
En ese sentido, afirmó que la transformación digital seguirá acelerándose, al tiempo de destacar que la responsabilidad del Poder Judicial es asumir ese cambio con equidad, debido proceso y visión ética.
El magistrado Molina hizo ese planteamiento durante su participación en Seminario Jurídico 2025 de la Cámara de Comercio e Industria Franco Dominicana (CCIFD), titulado “Derecho 4.0: la transformación de la práctica jurídica a través de la tecnología”, en donde dictó la conferencia magistral “La justicia digital: avances y desafíos del Poder Judicial de República Dominicana”.
Proclamó que transformar no es solo digitalizar, sino asumir que nuestras instituciones deben funcionar como sistemas vivos: capaces de escuchar, adaptarse y evolucionar, al tiempo de indicar que de ahí surge el paradigma de la I-Justicia: eficiencia digital, ética crítica y centralidad de la persona.
El también presidente del Consejo del Poder Judicial precisó que cada caso resuelto a tiempo, cada servicio digital accesible, es también un aporte a la competitividad del país y a la estabilidad de sus instituciones.
“Con esa visión creamos el Portal de Acceso Digital, donde miles de usuarios presentan escritos, reciben notificaciones y dan seguimiento a sus casos. Al mismo tiempo, mantenemos acompañamiento presencial y diseñamos interfaces accesibles, multilingües y adaptadas a personas con discapacidad; la idea es que nadie se quede atrás: la exclusión digital es exclusión social, por eso, digitalizamos sin abandonar lo humano, aseguró el juez presidente.
El juez presidente de la SCJ explicó que en el Poder Judicial la Mudanza Digital, que comenzó de manera abrupta con la pandemia, se ha convertido en una sólida política pública, validada por la ley y respaldada por la ciudadanía.
En ese sentido, puntualizó que lo iniciado como una innovación parcial hoy es práctica cotidiana que está aportando resultados tangibles, entre los que se destacan el hecho de que los expedientes se digitalizan, más del 80% de los tribunales están al día y todos los jueces y juezas operan con firma digital.
“Pero, nuestro mayor logro de justicia abierta es nuestro Portal de Acceso Digital, que a la fecha cuenta con más de 20,365 usuarios registrados, de los cuales 65% son abogados (13,155), 35% son ciudadanos (7,210) y 204 son personas jurídicas”, puntualizó.
Henry Molina dijo que entre los desafíos que tiene la justicia dominicana están: Accesibilidad universal, Seguridad y protección de datos, Capacitación y cultura digital y la confianza en un entorno cambiante.
Henry Molina expresó su interés en que República Dominicana sea un referente de seguridad jurídica, que, al hablar de iniciativas comerciales, inversiones, contratos laborales exista la garantía de que estos se sostienen en un marco de reglas claras y que estas se cumplen.
En ese sentido, reveló que en noviembre próximo ha sido programada una reunión con los líderes de justicia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a quienes le será presentado el Plan Justicia del Futuro 25-34, como prueba de que República Dominicana puede proyectar una justicia moderna, eficiente y digital en un contexto regional marcado por la inestabilidad.
El seminario:
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Eury Vásquez, presidenta de la CCIFD y CEO de JCDecaux, y de la Embajadora de Francia en el país, Sonia Barbry, quienes resaltaron la necesidad de alinear innovación, regulación y seguridad jurídica en un contexto de transformación digital.
El presidente del Comité Legal de la CCIFD, Héctor Alies, introdujo los objetivos del seminario, subrayando la importancia de que la profesión legal se adapte a un ecosistema tecnológico en rápida evolución.
El programa contó también con la ponencia del magistrado Amaury Reyes Torres, juez del Tribunal Constitucional, quien analizó los desafíos éticos y los derechos fundamentales frente a la irrupción tecnológica.
