El convenio busca aunar esfuerzos y fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias sobre aspectos de carácter registral.
Cusco, Perú.– El Consejo del Poder Judicial (CPJ), a través del Registro Inmobiliario de la República Dominicana, firmó un convenio junto a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) de Perú, para promover y ejecutar programas de colaboración técnica, académica y normativa.
El acuerdo fue firmado en la ciudad de Cusco, Perú, en el marco del XXXIII Encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral entre el administrador general del Registro Inmobiliario dominicano, en representación del CPJ, Ingeniero Jhonattan Toribio Frías, y el superintendente nacional de los registros públicos de Perú, Harold M. Tirado Chapoñan, se encontraban en calidad de testigos por parte del Poder Judicial dominicano, el magistrado Modesto Martínez, Consejero del PJ, el Licenciado Ricardo Noboa, director nacional de Registro de Títulos y el Licenciado Ridomil Rojas, director nacional de Mensuras Catastrales.
“Las necesidades de los usuarios nos demandan actualizar y modernizar el sistema de registro inmobiliario y robustecer la profesionalización en la materia para garantizar la transparencia, eficiencia y la calidad de los servicios”, indicó el Ingeniero Jhonattan Toribio Frías.
Por su parte, el titular de la Sunarp, Harold M. Tirado Chapoñan, destacó la necesidad de emplear las nuevas tecnologías para dinamizar el sector inmobiliario, ello con el objetivo de “elevar el nivel de transparencia e incrementar el grado de seguridad jurídica, así como evitar el uso del papel y dar mayor cobertura de los servicios”.
Este convenio procura fortalecer los vínculos de amistad y colaboración regional en la materia, el mismo se enmarca en el proceso de transformación del Registro Inmobiliario dominicano y busca aunar esfuerzos y fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias sobre aspectos de carácter registral, así como en la implementación y aplicación de nuevas tecnologías a fin de facilitar las transacciones inmobiliarias sin alterar la seguridad jurídica con el propósito de contribuir con el avance de los sistemas catastrales y registrales, el establecimiento de los sistemas de administración y gestión de tierras, y los objetivos del desarrollo sostenible.
