Abogado, consultor, profesor universitario, juez. Henry Molina Peña nació en Santo Domingo, en 1967. Hijo de los señores Carmen Miledys Peña Castro y Luis Henry Molina. Es el segundo de cuatro hermanos. Está casado con la señora Paola Roa.

Durante seis años de su infancia vivió en Caracas por la actividad sindical y política de su padre, en medio del ambiente del sindicalismo latinoamericano y la efervescencia política.

Inició su vinculación al Poder Judicial dominicano con 18 años. Fue oficinista en el Tribunal Superior de Tierras. Luego laboró en el Centro Dominicano de Asesorías e Investigaciones Legales (CEDAIL), una institución de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Es graduado en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Laboró como abogado asociado de la firma Pellerano & Herrera, donde se desempeñó como litigante y luego gestionó la división de Servicio de Cobros de la firma. Laboró junto al destacado jurista Juan Manuel Pellerano en la organización de la biblioteca de la oficina, así como en actividades de la Asociación Hipólito Herrera Billini y fue miembro del comité de redacción de la revista Estudios Jurídicos.

Tras seis años de trabajo logró una beca del gobierno de Chile para estudiar un posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Chile. Al regresar trabajó como consultor del Banco Mundial para el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, del que luego pasó a ser director ejecutivo. Tras esa experiencia fue subdirector de la Escuela de la Magistratura, junto al Dr. Pellerano como director. La ley de Carrera Judicial, promulgada en 1998, prohibía que dicho puesto fuera ocupado por un abogado en ejercicio, por lo que con la salida del jurista Pellerano, Molina se desempeñó como director interino.

Al aprobarse la nueva ley que creó la Escuela Nacional de la Judicatura se convocó a un concurso público de oposición resultando elegido director de esta institución. Ejerció dichas funciones desde 1998 hasta 2010. A la par fue director ejecutivo de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), y primer secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), creada por la Cumbre de Presidentes de Tribunales y Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica.

Contribuyó a la creación de las redes de escuelas judiciales de los estados mexicanos (REJEM) y de las provincias argentinas (REFLEJAR), en el marco del proyecto Euro Social de la Unión Europea. Se desempeñó también como coordinador del Proyecto E-Justicia: la justicia en la sociedad del conocimiento, de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Tras 12 años consecutivos siendo director de la Escuela Nacional de la Judicatura, en los que logró posicionar la institución como escuela modelo en América Latina, en diciembre de 2010 Molina Peña decidió poner fin a sus funciones.

De 2012 a 2016 fue viceministro de la Presidencia de la República. Luego, director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD). En 2018 fue designado presidente del Consejo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).

Ha sido profesor universitario en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), impartiendo Historia del Derecho, Introducción al Derecho, Derecho Comparado a nivel de licenciatura. También, Derecho Constitucional para estudiantes de maestría en la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

En 2019 fue elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura para integrar, como Juez Presidente, la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial. Su agenda se afincó en tres grandes líneas: integridad institucional, justicia al día para garantizar la dignidad de las personas y avances para la justicia del futuro. Al término de su primera gestión en 2025, destacan los siguientes resultados:

• Erradicación de la mora judicial en la Suprema Corte de Justicia y en todos los tribunales, eliminando más de 40 años de tardanza estructural y apuntando a tener una justicia al día que garantice la dignidad de las personas.

Al presente, en la Suprema Corte de Justicia, el 90 % de los casos se resuelve en un año o menos, estableciendo plazos más previsibles y favorables para la vida de las personas y el desarrollo económico y social del país.

• Modernización normativa —clave en este proceso— con la aplicación de la Ley 339-22 sobre medios digitales en el Poder Judicial, de la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación y de la Ley Orgánica 4-23 de los Actos del Estado Civil.
• En el ámbito penal, fortalecimiento del trabajo conjunto con el Ministerio Público y la Defensa Pública, promoviendo una cultura de acuerdos y soluciones tempranas, menos adversariales y más eficaces.
• Acceso universal a los servicios de justicia en todos los tribunales del país, de manera presencial como virtual. Hoy el acceso digital permite gestionar casos sin traslados ni filas, participar en audiencias virtuales y consultar expedientes desde cualquier lugar. De esta manera se propicia que la justicia llegue a tiempo y a todos, especialmente a los más vulnerables.
• Por primera vez se alcanzó el 100 % en el índice de transparencia. Se creó el Observatorio del Poder Judicial con datos abiertos.
• Puesta en ejecución de un escalafón judicial, fortalecimiento de los incentivos vinculados al desempeño y se aprobó un Código de Comportamiento Ético.
• Actualización en línea de la información judicial. Más de 400,000 decisiones están disponibles en línea, transformando el estudio y la práctica del Derecho.

La ciudadanía cuenta con la JURISTECA, repositorio público de jurisprudencia. El portal https://justicia.gob.do integra en un solo punto información, servicios, estadísticas en tiempo real y validación de documentos.

• El Registro Inmobiliario dio un salto cualitativo con herramientas como las Alertas Registrales y la interoperabilidad con los tribunales, reduciendo tiempos y fortaleciendo la seguridad jurídica.
• En infraestructura, el Poder Judicial evolucionó hacia centros de servicios centrados en las personas. La Ciudad Judicial de Santo Domingo Este simboliza este nuevo paradigma, mientras avanzan proyectos similares en Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional.
• A nivel internacional, el país duplicó los niveles de confianza en el Poder Judicial desde 2019, según el Latinobarómetro, y fue el que más avanzó al escalar 20 posiciones en el índice global de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project.

Molina sigue al frente de la Suprema Corte de Justicia en el periodo de cambio de jueces 2025-2026.