La iniciativa está dirigida a promover una gestión judicial transparente a fin de generar confianza y legitimidad, según lo consigna el Plan Estratégico Institucional, en su eje Integridad para una justicia confiable.
El Poder Judicial dominicano desarrolla un modelo de participación ciudadana con el objetivo fundamental de escuchar los planteamientos de distintos sectores en los procesos, acciones y servicios de administración de justicia en República Dominicana.
Esta iniciativa está en consonancia con el Plan Estratégico Institucional relativo a promover una gestión judicial transparente para generar confianza y legitimidad, y se realiza en el marco del Proyecto de Cooperación Triangular Costa Rica-España IV Fase, que es co-financiado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), del cual el Poder Judicial dominicano resultó beneficiario para el desarrollo de un Modelo de Participación Ciudadana en la institución.
En ese sentido, se desarrolló el taller para presentar un diagnóstico situacional y plantear el abordaje para la elaboración de la política, en el cual participaron representantes de la Comisión Ejecutiva de Comunicaciones e Imagen Institucional y el grupo de trabajo de la Política de Participación Ciudadana, cuyas conclusiones servirán de base para todo este proceso que inició el pasado año con un intercambio de experiencia y que dio paso a la realización de este diagnóstico.
La actividad contó con la participación del magistrado Francisco Gerardo Martínez Tristán, vocal del Consejo General del Poder Judicial de España; Sara Castillo Vargas, directora ejecutiva de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración del Justicia del Poder Judicial de Costa Rica, y la coordinadora del Programa de Participación Ciudadana de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración del Justicia del Poder Judicial de Costa Rica, Ingrid Bermúdez Vinda, quienes compartieron las mejores prácticas en materia de participación ciudadana de los poderes judiciales de sus respectivos países.
El magistrado Martínez Tristán dijo que en materia de Justicia Abierta subyacen los mismos principios en cada país y que cada uno de ellos tiene su forma de abordar sus propios problemas.
“Se trata del derecho de los ciudadanos a tener acceso a los servicios públicos en el ámbito de la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva”, agregó el magistrado español.
De su lado, Sara Castillo dijo que se tiene la certeza de que con la implementación de la Política de Justicia Abierta se amplía y mejora la forma en que la población puede obtener acceso al quehacer institucional.
“La Justicia Abierta incorpora la filosofía y principios de Gobierno Abierto que propicia un diálogo horizontal con la sociedad y da a conocer la labor que realiza el Poder Judicial”, expresó.
Sostuvo que Justicia Abierta es una forma de trabajo que ubica a las personas como el centro y razón de ser del Poder Judicial, “se trata de un cambio en los servicios judiciales bajo los criterios de calidad, efectividad y prontitud, en continua comunicación con la ciudadanía”.
Íngrid Bermúdez sostuvo que la Justicia Abierta es innovadora por naturaleza y crea un enfoque creativo y dinámico con una variedad de materiales informativos que favorecen el conocimiento de iniciativas que debe liderar el Poder Judicial.
“La Justicia Abierta se sustenta en tres principios que orientan su implementación: transparencia, colaboración y participación. Estos principios están correlacionados, lo que significa que las acciones corresponden a uno u otro, sin ser excluyentes”, puntualizó.
Por el Poder Judicial participaron jueces y juezas de distintas jurisdicciones que conforman los grupos de trabajo, así como funcionarios judiciales y miembros del equipo técnico, además de representantes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
