Políticas Públicas


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Este estudio pone de manifiesto la información estadística de las decisiones de los tribunales ordinarios que son recurridas por ante el Tribunal Constitucional, a partir de las sentencias emitidas por esta Alta Corte desde su creación en el año 2012 hasta el 2014. Asimismo, este análisis contiene una concentración sobre el fondo de aquellas sentencias que se refieren a las emitidas por la Suprema Corte de Justicia.

Este estudio se realizó para diagnosticar a los Juzgados de Paz en la República Dominicana, a fin de que, sobre la base de los hallazgos encontrados, poder formular políticas públicas tendentes a la mejora y eficientización de esas instancias judiciales. En el mismo contiene el Régimen Jurídico de los Juzgados de Paz; estadísticas Judiciales de los Juzgados de Paz del año 2012; entrevistas a jueces y juezas de paz, al personal administrativo; percepción de la persona usuaria de los Juzgados de Paz y las conclusiones y recomendaciones del análisis realizado.

El Monitor de la Gestión Judicial cumple el papel de diagnosticar la situación del Sistema Judicial en un periodo determinado. Se utiliza con el fin de analizar datos estadísticos, previamente recolectados por la División de Estadísticas Judiciales, mediante el uso de indicadores que evidencian el desempeño del sistema judicial en diferentes aspectos , tales como: Nivel de Solución, Carga de Trabajo, Per Cápita de Casos Fallados por Juez, Indicador de Audiencias Aplazadas, entre otros.

Estudios realizados por la Dirección de Políticas Públicas en la revista Justicia & Razón

La Sentencia es el acto procesal que produce los mayores efectos jurídicos. En materia penal es considerada como el acto judicial más importante, por ello la ley le concede al interesado determinadas acciones para reclamar contra las decisiones emitidas por los tribunales. La Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 8.2 establece el derecho del imputado a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior.

El Poder Judicial de la República Dominicana desea tener conocimiento de los fallos producidos por el Tribunal Constitucional (en lo adelante "TC") que están relacionados con decisiones emitidas por la Suprema Corte de Justicia (en lo adelante "SCJ"), así como de los demás tribunales de menor jerarquía de la judicatura nacional.

A finales del 2014 el Poder Judicial Dominicano desarrolló dos planes de Agilización en la Jurisdicción Penal de los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Nacional. Estos planes se enmarcan dentro del proyecto Estudio de Casos en los Juzgados de la Jurisdicción Penal de los Distritos Judiciales de Santo Domingo y Distrito Nacional, para el cual se tomaron las informaciones recolectadas por la División de Estadísticas Judiciales de los casos entrados y fallados en los Juzgados de la Instrucción, las Cámaras Penales Unipersonales y los Tribunales Colegiados en el Distrito Nacional desde la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal a fin de presentar informes que mostraran la realidad de dichos tribunales.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) decide como Corte de Casación si la Ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial. Admite o desestima los medios en que se basa el recurso, pero sin conocer en ningún caso del fondo del asunto.

Las decisiones de la SCJ, en funciones de Corte de Casación, establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional.2 En caso de que la sentencia recurrida sea casada, la SCJ envía el asunto a otro tribunal de categoría igual al que procede la sentencia. El recurso de casación permite censurar las decisiones rendidas en única o en última instancia, como resultado de un error de derecho.

Los Juzgados de Paz son los órganos jurisdiccionales que ocupan el primer eslabón en la pirámide de la organización judicial, con una estructura de tribunal unipersonal. Estos tribunales son aquellos a los cuales la sociedad tiene un mayor acceso, ya que, en su mayoría, se encuentran ubicados en localidades donde no existe un tribunal de primera instancia.

La Dirección de Políticas Públicas del Poder Judicial coloca a disposición el Monitor de la Gestión Judicial correspondiente a la Jurisdicción Penal para el período comprendido entre los años 2010 a 2015. Los Monitores de la Gestión Judicial cumplen con el papel de diagnosticar la situación del Sistema Judicial en un período determinado. Se utiliza con el fin de analizar datos estadísticos, previamente recolectados por la División de Estadísticas Judiciales, mediante el uso de indicadores que evidencian el desempeño del sistema judicial en diferentes aspectos.

La mayoría de los autores y doctrinarios del derecho penal coinciden en establecer que el objeto de dicha rama del derecho es la protección subsidiaria de bienes jurídicos. Así, por ejemplo, tal y como lo establece Roxin, "[...] sólo es incluso la última de entre todas las medidas protectoras que hay que considerar, es decir que sólo se le puede hacer intervenir cuando fallen otros medios de solución social del problema -como la acción civil, las regulaciones de policía o jurídico-técnicas, las sanciones no penales, etcétera-. Por ello se denomina la pena la "última ratio de la política social" y se define su misión como “protección subsidiaria de bienes jurídicos" (Roxin, 1997).