Régimen disciplinario


El Consejo del Poder Judicial tendrá el control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial.

El régimen disciplinario tiene los objetivos siguientes:

  1. Contribuir a que los jueces cumplan leal, eficiente y honestamente sus deberes y responsabilidades, a fin de mantener el mejor rendimiento del Poder Judicial.
  2. Procurar el adecuado y correcto ejercicio de los derechos y prerrogativas que se consagran en favor de los jueces.
  3. Procurar que las faltas disciplinarias sean juzgadas y sancionadas conforme a su gravedad y en base a estrictos criterios de la legalidad, equidad y objetividad.

Hasta tanto se constituya el Consejo del Poder Judicial, este Poder Disciplinario reside transitoriamente por disposición constitucional en la Suprema Corte de justicia.

Este poder disciplinario consiste en el control de la observancia de la Constitución, las leyes, reglamentos, instrucciones y demás normas vigentes, y en la aplicación de sanciones en caso de violación a las mismas. Estas sanciones podrán ser amonestación, suspensión o destitución.

Los jueces del orden judicial incurren en falta disciplinaria si dejan de cumplir sus deberes y las normas de trabajo establecidas, si ejercen incorrectamente o en forma desviada sus derechos y prerrogativas, si desconocen las órdenes legítimas de sus superiores jerárquicos o incurren en cualesquiera de las causas de sanción disciplinaria previstas en la Ley 327-98 de Carrera Judicial y sus reglamentos o en la violación de otras disposiciones sobre la materia, emanadas de autoridades competentes.

Los jueces que en el ejercicio de sus funciones cometan faltas o no cumplan con sus deberes y con las normas establecidas, serán administrativamente responsables y sancionados en consecuencia, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles, penales o de otra índole, resultantes de los mismos hechos u omisiones.

Según la gravedad de las faltas, las autoridades competentes podrán imponer las siguientes sanciones:


  1. Amonestación oral;
  2. Amonestación escrita;
  3. Suspensión sin sueldo, por un período de hasta treinta (30) días;
  4. Jueces suspendidos
  5. Jueces destituidos